Quienes más tienen, más deben aportar para Colombia
Por: Yailé Balloqui Bonzón 

Por casi dos horas estuvimos conversando y ojalá hubiera podido extenderse la plática. En ese tiempo, tuve la oportunidad de escuchar de Ricardo Téllez sus puntos de vista y la visión de su organización sobre el diálogo de paz que, por más de cuatro meses, protagonizan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de esa nación sudamericana, en busca de la paz definitiva y la solución a un trance que involucra a casi toda la sociedad colombiana.

Por tercera ocasión están guerrilla y Ejecutivo colombianos sentados a la mesa de diálogo, esta vez en La Habana; y este hombre, a quienes no pocos llaman el «Canciller de las FARC-EP», accede a conversar con Juventud Rebelde como parte de nuestro esfuerzo por buscar opinión de algunos de los actores que intervienen en estas conversaciones de paz.

Gestado hace más de medio siglo, el conflicto colombiano tuvo su origen en las enormes desigualdades sociales y la injusta distribución de la tierra que sufría y sufre aún el campesinado colombiano. Por lo tanto, la primera pregunta en torno a este tema, se impone.


—¿Cuál es la situación que se vive hoy en el campo colombiano?

—Es verdaderamente espeluznante. Un reciente informe de Naciones Unidas, llamado Razones para la Esperanza, expone que el 32 por ciento de la población habita en estas zonas. En la década del 50, cuando Colombia era un país eminentemente agrario, vivía allí casi el 70 por ciento de la población. Ahora, prácticamente ese mismo número, ha emigrado a las ciudades.

«Pero ese campesino ha sido desatendido históricamente. No tiene tierras o, si las poseen, es en suelos poco fértiles. No tiene régimen laboral, ni prestaciones sociales; viven sin posibilidad de estudio o atención de salud. Con un salario mínimo que no se le respeta. El analfabetismo, que en los centros urbanos llega al ocho por ciento, en el campo oscila entre un 18 y 20 por ciento. Mientras, los grandes latifundistas son dueños del 54 por ciento de la tierra.

«No existen vías de comunicación ni carreteras, por lo que el trabajador agrícola se vuelve víctima de los intermediarios que les compran sus productos a precios irrisorios y los venden luego en las ciudades por un valor elevado.

«Esta situación de inequidad es de las más graves que hay en el continente. Colombia en estos momentos tiene 114 millones de hectáreas de terreno fértil. De estos, 38 millones se destinan a la ganadería extensiva ubicada en los mejores terrenos, los que debían estar dedicados a la agricultura. El área cultivada en este momento es de 4 millones 700 000 hectáreas, fundamentalmente en manos de las transnacionales, las que han ido desalojando al campesino. Y en medio de todo este panorama vive una población sumida en la más profunda miseria».

—¿Cómo llegan las FARC-EP y el Gobierno colombiano a la mesa de diálogo actual?

—Una vez elegido como presidente Juan Manuel Santos, le dirige el 7 de septiembre de 2010 una carta al Secretariado de las FARC-EP, donde plantea que los postulados y la plataforma política que defendemos son justas y existen ahí elementos para un diálogo y llegar a acuerdos. Es decir, reconoce la justeza de nuestra causa, pero —en la misma misiva— añade Santos que lo que le hacía mal al país eran las formas de lucha que nosotros utilizábamos.

«A partir de allí comenzó un intercambio epistolar que concluyó en una reunión realizada el 3 de marzo 2011 en un sitio de la geografía colombiana que muy pocos personas conocemos. Le siguieron algunos encuentros que marcaron el camino hacia Cuba, donde, durante seis meses, desarrollamos reuniones discretas y secretas, hasta sentarnos definitivamente a la mesa».

—¿Qué diferencias existen entre estas pláticas y las realizadas en otros momentos de la confrontación?

—La primera equivocación del Gobierno fue imaginar que las FARC-EP llegaban vencidas en esta oportunidad, sin absolutamente nada que negociar y obligadas a usar como tabla de salvación lo que el Estado colombiano esté dispuesto a entregarnos. Y no era cierto.

«El pueblo se está dando cuenta que hay problemas absolutamente graves y que hay que trabajar, entre todos para primero detener la guerra y luego tratar de solucionar los problemas tan graves que existen en el país como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la falta de democracia y la pérdida de soberanía nacional.

«Toda esta situación está comenzando a despertarse en las conciencias de los colombianos a partir de que se abre la mesa, en unas condiciones totalmente nuevas y diferentes.

«Existe hoy un entorno muy favorable como la asistencia que nos brindó el Comandante Hugo Chávez y su papel destacadísimo; la voluntad del Gobierno cubano de brindar su territorio, las asistencias de Noruega y Chile. Todo esto, sumado a la opinión favorable del resto de los países de América Latina y el Caribe, las organizaciones regionales, incluso el Vaticano, nos da fuerza y legitimidad a los colombianos para, finalmente, solucionar nuestros problemas.

«No obstante, sentimos que entonces, como ahora, existe muy poca voluntad política. Le hemos reiterado que nosotros no tenemos nada, solo las ideas; ellos tienen el poder, el dinero, la fuerza. Por tanto, quienes más tienen, más deben aportar».

—A lo largo de estos cuatro meses de conversaciones, las FARC-EP han divulgado la presentación de numerosas propuestas mínimas encaminadas a mejorar la situación de la población rural colombiana. ¿Cuáles son los aportes que estas proposiciones le brindan a la mesa de diálogo?

—Hemos formulado 90 propuestas mínimas y 120 subpropuestas que enmarcan lo que se necesita para una reforma moderna y en profundidad del campo colombiano. Antes se hablaba de una reforma agraria para una igualitaria repartición de la tierra, pero ahora se tiene que tener en cuenta además, el elemento vital y determinante que es el hombre. Ese que necesita todo lo que el Estado y una sociedad moderna puede brindarle: un espacio delimitado de tierra que le permita mantener su vida y la de su familia, una infraestructura para hacer más viable su existencia, atención médica y educación, el respeto a su cultura, la posibilidad de expresarse también políticamente y que no sea utilizado únicamente por el Estado para el trabajo sin ninguna perspectiva.

«Nuestro objetivo principal con estas propuestas es que el pueblo se apropie de estas ideas y que el Gobierno tenga que verse en la obligación de reconocer que está violando su propia legalidad. Por ejemplo, las Zonas de Reservas Campesinas creadas en 1994 y reconocidas por la Constitución del país desde entonces, están siendo reivindicadas ahora por las FARC-EP. Nadie hablaba de ellas. El campesinado, las fuerzas democráticas y populares del país reaccionan y, apoyados en esa carta magna que apenas conocía, se percatan que no solo se pueden llevar a cabo legalmente esas Zonas de Reserva Campesina, sino que, basados en la Constitución, el Estado tiene que distribuir la tierra, hacer planes de desarrollo, respetar los derechos humanos y la formas organizativas de las comunidades negras, indígenas y campesinas.

«Necesitamos que estas poblaciones se reconozcan y lo están haciendo. Nosotros, desde La Habana, les decimos que pueden».

—El próximo tema que se analizará en la agenda versa en torno a la participación política como parte de los objetivos de paz. ¿Qué escollos pudieran encontrar en la discusión de este punto?

—Colombia ha sido a lo largo de la historia un régimen muy cerrado, antidemocrático, que ha demostrado el ejercicio de la violencia como la principal forma de dominación. Ese estado no ha permitido nunca la libre expresión del ciudadano y ha utilizado métodos aberrantes de dominación ideológica y militar para la judicialización de la protesta social y la libre expresión.

«Nuestro sistema electoral es el más atrasado del continente y quizá del mundo. En Colombia, desde siempre, el tema electoral ha sido manejado a través del dinero, de la compra de conciencia, del fraude. Una democracia de papel.

«Para hacer una campaña política en Colombia son necesarios millones de pesos que ya sabemos quienes lo poseen. Por eso no se encuentran en el Congreso o en las Asambleas Departamentales a obreros, campesinos o indígenas. Es un sistema que asfixia».

—Se ha mencionado que el movimiento social Marcha Patriótica podría ser una opción política para las FARC-EP luego de que se logre la paz. ¿Qué hay de cierto en esta idea?

—La especulación es total. Teniendo en cuenta que la exterminada Unión Patriótica salió del seno de las FARC-EP, algunos leguleyos pretenden tildar a Marcha Patriótica, que es un movimiento de masas, organizado de manera independiente, como un movimiento dirigido por la insurgencia.
«No hemos hablado, hasta ahora, de ningún grupo político, ni partido a crear. Estamos solo dialogando y decimos que sí vamos a participar en política. Pero en el momento que sea oportuno presentaremos nuestras ideas».

—Estos diálogos han despertado un fervor extraordinario hacia la paz tanto dentro como fuera de Colombia. Se organiza para el próximo 9 de abril  una Marcha por la Paz. ¿Cuánto puede aportarle esta iniciativa a la Mesa?

—Es indudable que el principal sentir del pueblo colombiano es el clamor por la paz. Gente proveniente de todos los sectores políticos han tomado esa bandera y confluirán en esa marcha todos los sectores sociales posibles. Nosotros, desde La Habana, la impulsaremos con nuestro apoyo moral. Esta debe ser una manifestación que haga temblar a Colombia para que el Estado sepa que tiene que hacer reformas y enrumbar el país en el siglo XXI, hacia la construcción de una Patria Grande, bolivariana y generosa.